Deudas de las EPS: Cuando la billetera del Estado se cierra, ¿la salud del paciente queda en el aire?

El Gobierno descarta asumir los pasivos privados de las aseguradoras. Un análisis desde la bioética y la responsabilidad estatal

El Gobierno descarta asumir los pasivos privados de las aseguradoras.

El reciente anuncio del Gobierno Nacional es contundente: "La Nación no cubrirá las deudas privadas de las EPS".

La decisión tiene lógica fiscal; el Estado no es un banco de salvamento para la mala administración privada. Sin embargo, en Legal Salud, nos preocupa lo que esta decisión significa a pie de calle, en la sala de urgencias y en la ventanilla de autorizaciones.

Mientras en la Casa de Nariño se discute sobre déficits fiscales y facturas ocultas en la Nueva EPS, en los hospitales se vive una realidad distinta. La negativa a asumir estas deudas no es solo un golpe a los estados financieros de las EPS; es una alerta roja para la continuidad del servicio.

Si la EPS no paga porque el Estado no la rescata, y la clínica no atiende porque la EPS no paga, la ecuación matemática es simple, pero el resultado humano es trágico: el paciente queda en un limbo administrativo. Aquí es donde el derecho deja de ser números y se convierte en vida.

Desde el derecho constitucional y médico, surge una pregunta incómoda:

Si bien el Estado no debe pagar por la corrupción o ineficiencia privada, ¿Dónde estaba el Estado cuando estas deudas se acumularon?

Existe un principio jurídico de responsabilidad por culpa in vigilando. Si el Estado tiene la función de Inspección, Vigilancia y Control, y permitió que se llegara a este punto de quiebre (con "millones de facturas ocultas") el Estado es corresponsable. No se trata de pagar deudas a ciegas, se trata de garantizar el Derecho Fundamental a la Salud 

(Ley Estatutaria 1751 de 2015).

El Principio de Confianza Legítima nos dice que el ciudadano confió en un sistema avalado por el Gobierno. Si ese sistema falla, la protección del usuario no puede depender de quién tiene la culpa contable.

Nuestra Postura En Legal Salud, entendemos que limpiar las finanzas públicas es necesario. Pero recordamos que, bajo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ninguna disputa administrativa puede ser barrera para el acceso a la salud.

La deuda económica se puede discutir en los tribunales; la deuda con la vida de los pacientes no da espera.

Ramit Osorio Peña.

Abogado Constitucionalista

Especialista en Derecho Médico.