El 'Decretazo' de Salud: ¿Reforma Necesaria?

La controversia jurídica se enciende nuevamente en Colombia.

El Gobierno Nacional intentó implementar un nuevo modelo de salud a través del Decreto 0858 de 2025, una medida que ha sido calificada por expertos como un 'decretazo' que desafía la separación de poderes. Mientras el proyecto de ley de reforma se hundía en el Congreso, el Ejecutivo buscó reestructurar el sistema vía administrativa, desatando una suspensión provisional por parte del Consejo de Estado y abriendo un debate crucial sobre los límites del poder presidencial frente a la Constitución.

El nudo del conflicto radica en la expedición, con el cual el Gobierno pretendía reorganizar el sistema de salud bajo un modelo preventivo y predictivo, apoyándose en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Sin embargo, esta maniobra no se limitó a una simple reglamentación técnica.

El decreto introdujo cambios sustanciales que tocan la fibra del sistema: la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), la implementación de Redes Integrales e Integradas (RIITS) y una transformación profunda en el flujo de los recursos financieros y la operación de las EPS e IPS.

El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de la norma al considerar que el Ejecutivo podría haber invadido competencias exclusivas del Congreso (reserva de ley). La jurisprudencia es clara: las reformas estructurales a derechos fundamentales, como la salud, deben debatirse democráticamente en el Legislativo y no imponerse por decreto. Lo que está en juego no es solo la operatividad de hospitales y clínicas, sino el respeto a los frenos y contrapesos que garantizan nuestra estabilidad democrática.

Aunque la intención de mejorar el sistema de salud puede ser legítima, el mecanismo utilizado ha puesto en jaque la institucionalidad. La insistencia en gobernar por decreto cuando el debate legislativo no favorece al Ejecutivo envía un mensaje preocupante sobre la validez de las instituciones democráticas.

Por ahora, el futuro del sistema de salud queda en manos de los jueces, recordándonos que en un Estado de Derecho, el fin no justifica los medios, y que las grandes transformaciones sociales requieren consensos, no imposiciones administrativas. Ramith Osorio Peña 

Abogado Constitucionalista

Experto en Derecho Medico Sanitario